UN DEBER DE ESTADO CON LAS FUERZAS ARMADAS.

TXT: ARTURO ZAMORA / SENADOR DE LA REPÚBLICA

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 Durante la ceremonia conmemorativa del 104 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, celebrada el 9 de febrero, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, afirmó que “ante escenarios complejos, las Fuerzas Armadas seguiremos siendo, y dando prueba de que somos, sólido soporte para la viabilidad del país”.

Para que esta tarea estratégica siga desplegándose, resulta ineludible contar con un marco jurídico para la participación del Ejército y la Armada en tareas de seguridad interior.

Se han presentado diversas iniciativas; destaca la propuesta de los diputados César Camacho y Martha Tamayo, la cual establece una nueva concepción de seguridad que incluye las amenazas tradicionales y los nuevos desafíos en la materia, así como una definición precisa del concepto de seguridad interior y de los parámetros correspondientes de actuación de las Fuerzas Armadas.

Los ejes de la iniciativa son: la protección de la persona y la seguridad humana como fundamento y razón de la seguridad nacional; el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales como esenciales para la estabilidad, la paz y el desarrollo político, económico y social, y el reconocimiento de la naturaleza transnacional de los desafíos a la seguridad.

Se define la seguridad interior como “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la continuidad de sus instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional en beneficio de su población”.

La iniciativa ofrece una relación precisa de las condiciones que definen una amenaza a la seguridad interior y el procedimiento para emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, donde las Acciones de Orden Interno han de atender los criterios de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiaridad y gradualidad, de esta forma se atiende la preocupación sobre la legalidad de la intervención de las Fuerzas Armadas y el uso legítimo de la fuerza pública y se asegura la eficacia de su actuación.

Asimismo, establece tres cuestiones fundamentales: en ningún caso, las acciones de seguridad interior exentan a las autoridades estatales o municipales del cumplimiento de su responsabilidad; dichas acciones no se considerarán de Seguridad Pública y en ningún caso implican la restricción o suspensión de los derechos humanos y sus garantías. Estos preceptos tienen constitucionalidad plena, asentada en sendas tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El llamado del general Cienfuegos fue objetivo y consciente de lo que representa este difícil desafío. Valoremos en su justa dimensión los alcances de esta reforma.

No se trata de extender un cheque en blanco a la militarización de la seguridad pública, sino de delinear un modelo de política pública de la seguridad interior que complemente las otras dos dimensiones de la seguridad: la pública y la nacional.ArEl planteamiento parte de una premisa de respeto absoluto a los derechos humanos; ninguna autoridad puede desempeñar funciones que no le mandata la ley, todas están obligadas a cumplir con el principio de legalidad previsto en el artí- culo 16 de nuestra Constitución General

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