SOLITARIO DE PALACIO

POR JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

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La administración de López Obrador, a punto de cumplir un año en el poder, parece empeñada en abrir, cada día, un frente diferente, sin cerrar ninguno. Se confronta cada vez con un actor político, económico o social diferente. Y hace esto en un momento en el que la economía está atada con alfileres, con cero crecimiento, desinversión y con posibilidades serias de una recesión.

Al estancamiento económico se suma la crisis de seguridad que sigue agudizándose sin que exista la menor reacción gubernamental. Ante el deterioro económico y la crisis de inseguridad se insiste en que el país va bien y que no van a cambiar las políticas sin comprender, o sin asumir, que sin variar la ruta se pagarán costos cada vez más altos.

Los frentes abiertos, decíamos, son demasiados. Uno de ellos es el de las Fuerzas Armadas. La relación estaba lastimada desde la campaña electoral y desde Culiacán se ha deteriorado cada día más: la estrategia seguida no convence ni dentro ni fuera del ámbito militar, la acumulación de responsabilidades va acompañada de agresiones difícilmente digeribles.

El jueves pasado, en la reunión de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, el Presidente se lanzó nuevamente contra las Fuerzas Armadas, hizo una durísima descalificación del que fuera el Estado Mayor Presidencial y lo acusó de ejecutar la masacre de Tlatelolco. No es verdad. En realidad, y un presidente de la República tendría que saberlo, el responsable fue el Batallón Olimpia, integrado por elementos que venían de distintas corporaciones de seguridad. Dicho batallón estaba bajo el mando del general Luis Gutiérrez Oropeza y sólo respondía a órdenes del entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y del presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Todo para explicar por qué estaba considerando revisar los tiempos oficiales de radio y televisión. ¿Cuál era la necesidad?

Las policías de todo el país están desconcertadas, todas han sido descalificadas por el discurso oficial. No existe programa alguno para establecer un sistema policial moderno y homologado para todo el país. Lo que sí se ha hecho es reducir al límite el presupuesto de seguridad para estados y municipios.

Los empresarios simplemente no invierten. Se reúnen con el Presidente y comprometen inversiones, pero no ven, siquiera, un gesto que les dé seguridad jurídica y no llegan inversiones nuevas. Tampoco hay proyectos públicos que les interesen: el aeropuerto de Santa Lucía no entusiasma a nadie en la iniciativa privada y mucho menos a las empresas de aviación; el Tren Maya tiene enormes resistencias y nadie está convencido de invertir en este proyecto; Tres Bocas será un barril sin fondo de recursos públicos sin utilidad económica alguna; el enorme potencial de las inversiones en energías renovables se ha dilapidado con una política energética que, a fines de la segunda década del siglo XXI, sigue apostando al carbón.

El corredor transístmico es un muy buen proyecto, pero si nadie se molesta en evitar, por ejemplo, el secuestro y robo de trenes, o el bloqueo de vías férreas, ¿quién querrá invertir miles de millones sin saber qué tendrá seguridad de que sus productos lleguen de uno a otro punto del trayecto? Se quiere competir, dicen, con el Canal de Panamá, ¿alguna vez se ha visto ese Canal bloqueado por un grupo de manifestantes que, además, secuestran los barcos y se roban la carga? Aquí sucede todos los días con nuestros trenes y tráilers.

El presupuesto para el campo ha caído radicalmente. Eso ha unido a las organizaciones de grandes y pequeños productores, a los priistas, los morenistas y los independientes. La zona más castigada de todas es, paradójicamente, la más productiva.

La inseguridad y la caída económica tiene decepcionada a una clase media que no ve salidas ni apoyos: les han quitado desde la preparatoria en línea hasta las estancias infantiles.

Los más pobres comprobarán, en las próximas semanas, que las graves deficiencias del sistema de salud se agudizarán al límite con la desaparición del Seguro Popular y la instauración de un nuevo sistema que no tiene definida ni sus estructuras presupuestales básicas.

Y mientras tanto, el crimen organizado, empoderado e impune, toma un día Culiacán, mata niños y mujeres en Chihuahua, por lo que el 2019 se ha convertido en el año más violento de la historia reciente y no pasa nada.

Eso sí, el Presidente en persona aboga por liberar al exgobernador Mario Villanueva, otro agravio para Estados Unidos (que fue quien exigió, en su momento, su captura) en términos de seguridad.

El Presidente se aleja de todos. Quizá nunca antes ha sido tan justa aquella definición del Presidente como el solitario en Palacio.

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