PRIMER INFORME APÓCRIFO

POR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

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No debería de extrañarnos. Lo hará de nuevo, una y otra vez: desdeñar la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir.

Si el artículo 69 de la Carta Magna dispone que a “la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso (es decir, el 1º de septiembre), el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”, el presidente López Obrador lo hará el 1º de julio, a siete meses de haber asumido el cargo, para “celebrar su triunfo” en las elecciones de hace un año.

Este nuevo desplante autoritario nos ratifica tres cosas: el absoluto desprecio que el Ejecutivo federal tiene por el orden jurídico constitucional (ya sabemos, entre justicia o ley, él dicta qué es la justicia y desconoce la ley), el modo autocrático y patrimonialista que tiene de entender la administración pública y el uso propagandístico, electorero y de adoctrinamiento que hace de las instituciones y sus normas.

No parece importar que el 1º de septiembre el Congreso de la Unión espere una rendición de cuentas, que se proponga realizar una glosa del informe presidencial, donde los grupos parlamentarios confronten las metas del Plan Nacional de Desarrollo y sus anexos contra el presupuesto federal ejercido y el avance de sus programas como base de la auditoría anual a la gestión federal.

Para fuera la administración pública y su pesado aparato burocrático, cuando se cuenta con decenas de “siervos de la patria” que trabajan —sin orden ni concierto— en completar los padrones de beneficiarios de los programas sociales y en atender los dictados y regaños de las conferencias mañaneras.

No nos engañemos. El presidente López Obrador acaba de inventar un primer informe apócrifo porque está leyendo que la coyuntura política se torna adversa, las cifras de aceptación caen y los escenarios negativos en materia económica y de seguridad pública confluyen en el horizonte inmediato. Le urge instituir su propio calendario político, poner en escena un nuevo ritual de su imaginaria transformación rodeado del simbolismo desorbitado de su proyecto y con un modelo de comunicación dirigido y debidamente censurado —si no, ya saben lo que les pasa.

El contenido del mensaje del Ejecutivo federal será un ejercicio de autocomplacencia absolutamente predecible. Otra cosa sería si diera oportunidad de que la ciudadanía y la oposición parlamentaria hicieran las preguntas que van quedando sin respuesta en estos meses, a propósito de su gestión administrativa.

¿Cómo va su proyecto de descentralización de secretarías y empresas de Estado? Ante la crisis ambiental que vivimos, ¿todavía existe la Semarnat?, ¿va a sostener la reducción presupuestal a la Conafor? ¿Qué hace la Sectur, luego de descarrilar una de las principales fuentes de empleo y divisas del país? ¿La Secretaría de Bienestar tiene alguna estrategia para combatir la pobreza, además de repartir pensiones con base en un censo incompleto y en total opacidad? ¿La Secretaría de Agricultura tiene alguna estrategia para mantener el liderazgo exportador de México? ¿Qué política industrial propone Economía ante la incierta aprobación del T-MEC y la reciente caída del empleo reportada por el Inegi? Las 100 universidades que va inaugurando, ¿correrán la suerte de las que abrió en la CDMX?

Es de temer que nada de esto sea respondido, ni el 1º de julio ni el 1º de septiembre, y que recibamos, a cambio, un largo discurso de que vamos “requetebién”.

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