PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

POR ARMANDO RÍOS PITTER

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Sin duda alguna, el Presupuesto es la más importante herramienta con la que cuenta un gobierno para expresar sus prioridades, su visión de gobierno y aquello con lo que pretende trascender. La negociación para aprobar el Presupuesto de Egresos 2020 (PEF) tuvo un grado de tensión mucho mayor al del año pasado. Organizaciones campesinas se apostaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro y no sólo ocasionaron que los diputados tuvieran que sesionar en una sede alterna hasta Santa Fe, en la CDMX, sino que provocaron que el reloj legislativo se congelara prácticamente una semana.

Desde el 8 de septiembre, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dejó en claro que las prioridades de este gobierno serían: los programas de bienestar, la seguridad y el apoyo a Pemex; mientras que las secretarías de Turismo y Desarrollo Agrario presentaron recortes importantes desde un principio. La percepción que quedó es que el PEF 2020 socialmente salió con calzador y con potenciales desequilibrios políticos a lo largo del año que viene.

Programas de bienestar. La Secretaría de Bienestar tuvo un importante incremento y quedó con 181 mil 457 mdp, que serán destinados a los programas ancla del gobierno federal, tales como el apoyo a adultos mayores, a niños discapacitados y a las becas Benito Juárez. El titular del Ejecutivo federal resaltó que, de cada diez hogares, en cinco cuentan con apoyos gubernamentales. Si bien es positivo que se focalicen recursos a las personas y poblaciones más pobres, se mantiene latente la preocupación del uso clientelar que dichos programas puedan tener. Adicionalmente, persisten preocupaciones sobre opacidad, carencia de reglas de operación, insuficiencia en los instrumentos para medir resultados o deficiente alineación para reducir una carencia social específica.

Comunicaciones y Transportes, y apoyo a la infraestructura. Las partidas en estos rubros suman 294 mil mdp, lo que incluye montos para los llamados “megaproyectos”, tales como el Tren Maya, el tren del Istmo y el aeropuerto de Santa Lucía. Habrá que ver si dichos proyectos logran convocar partidas complementarias por parte del sector privado, lo que, hasta el momento, no ha quedado del todo claro. Por otro lado, grupos de especialistas, como México Evalúa, sostienen que la inversión física en infraestructura ha decrecido desde 2015 y es insuficiente para garantizar el crecimiento.

Seguridad y procuración de justicia. Aun cuando la Secretaría Federal de Seguridad tuvo un incremento y llegó a 60 mil 150 mdp, la falta de incrementos presupuestales para estados y municipios en este rubro sigue presente. Adicionalmente, preocupa que la Fiscalía General de la República fue una de las que disminuyó su monto presupuestal, y que, a la fecha, no se haya instituido una estrategia que fortalezca presupuestalmente a las fiscalías en los estados.

Sector rural. La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (FND) tuvo un incremento de dos mil 500 millones de pesos, y esto es la antesala de la creación del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, que fusionará a la propia FND con el FIRA y el FOCIR. En este rubro hubo un tenso debate, bajo el argumento de quitar a los intermediarios y entregar directamente el recurso a los beneficiarios. Sin embargo, cabe destacar que no toda intermediación en el campo es negativa. También ha significado una importante área de oportunidad para la transferencia tecnológica, la capacitación, la organización productiva e, incluso, la gobernabilidad en el campo.

Organismos autónomos y SCJN. Por último, el Poder Judicial, en particular, la Suprema Corte de Justicia, tuvo un nuevo recorte y quedó con cuatro mil 822 mdp. Se redujeron cuatro mil 183 millones de pesos para los órganos autónomos, mismos que son, sin duda, los grandes perdedores entre las asignaciones para el 2020, principalmente el INE. El gobierno ha destacado la importancia de hacer más con menos y buscar que el gobierno cueste menos. Pese a dichos argumentos, persisten dudas sobre la intención del gobierno de debilitar tanto al Poder Judicial como a los otros organismos autónomos por ser contrapesos.

El año 2019 significó fuertes retos de aprendizaje para el nuevo gobierno. Frente a varios de estos posibles desequilibrios, una vez que el PEF fue aprobado, habrá que dar seguimiento a la eficiencia y la transparencia con la que el gobierno actúe para el año que viene.

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