PLAN DE INFRAESTRUCTURA

POR CECILIA SOTO / Excélsior /

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El Plan de Infraestructura, recién anunciado en Palacio Nacional, tiene la intención de sustituir la inversión pública, la más baja con respecto al PIB desde 1940, con inversión “cien por ciento privada”, según palabras del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar. Como todo anuncio que quiere contagiar entusiasmo y confianza, el Plan tiene un importante componente mediático: se aceptan exageraciones, cifras inexactas o francamente infladas. O se agregan, como algo nuevo, compromisos que los concesionarios de bienes o servicios públicos están obligados a hacer como parte de su título de concesión.

De la inversión anunciada para 2020, unos 327 mil mdp, dos terceras partes son inversiones en turismo o en telecomunicaciones, sectores que requieren, ambos, un importante componente inercial, es decir, inversión que se tiene que hacer para mantener la infraestructura, el número de clientes, etc. A menos que las compañías quieran cerrar la inversión —lo que no es el caso— se tiene que hacer, ese es marcadamente el caso de las telecomunicaciones.

La mayor parte de la inversión en turismo no es nueva, ya está en marcha y una proporción importante es Inversión Extranjera Directa, la cual está llegando y confirma un fenómeno interesante. La inversión de fondos o empresarios mexicanos de tamaño grande, pero no súper grande para abajo, está parada, mientras que hay cierta Inversión Extranjera Directa que sigue llegando. El inversionista extranjero no sabe qué es el INE o la CNDH y comparando a México con otros países, no le parece tan mal. Lo que no es el caso de muchos inversionistas nacionales que evalúan la confiabilidad del discurso gubernamental no sólo por los actos en Palacio Nacional, rodeado de la cúpula empresarial, sino por otras señales.

Entre la lista de proyectos, anunciada con bombo y platillos, está la inversión en aeropuertos de 28 mil mdp; se trata de obligaciones de mejoras o ampliaciones de los concesionarios.  Por ejemplo, sea anuncian 10 mil mdp para 2020 para la ampliación del aeropuerto de Guadalajara pero en realidad se trata de una inversión quinquenal 2020-2024 que hará el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Se anuncia también una inversión de 337 millones para el aeropuerto de Chihuahua, pero resulta que esa obra ya se hizo y se entregó en octubre. ¿Por qué se comete un error tan básico? Porque el Plan de Infraestructura no fue consultado en forma rigurosa y sistemática con las entidades federativas. ¿Dónde se van a hacer los aeropuertos? ¿Dónde se van a construir las carreteras y los puertos y las vías férreas? ¿En dónde se materializa la Federación? ¡En las entidades federativas, en los municipios! Pero en el evento en Palacio Nacional en ninguno de los discursos del Presidente para abajo, se mencionó a los estados o se invitó a los/las gobernadores o a sus secretarios de Obras Públicas.

Mientras, en las concesiones ya otorgadas, como en el caso de carreteras, los empresarios pueden recuperar sus inversiones con cuotas. No queda claro si todos los tramos anunciados serán concesiones, lo que haría campeón de concesiones a este gobierno. Está claro que se cobrará por la prolongación del Segundo Piso hacia el Estado de México, no se sabe si también serán concesiones privadas los tramos carreteros de Michoacán. Es claro que la inversión de 20 mil millones para terminar el tren Toluca-Observatorio puede tener un esquema promisorio a largo plazo para recuperar esta inversión, pero ése no es el caso de la prolongación de la línea A del Metro, que siempre está en déficit. ¿Cómo se recuperará la inversión privada de casi 2 mil mdp en la modernización del Sistema Metereológico Nacional?

Los integrantes de las cúpulas empresariales lograron que el Presidente dejara de lado su discurso antiniciativa privada. Qué bueno, pero no bastan las palabras que reconocen el papel preponderante de la inversión privada para mover la economía nacional. Ha habido tres señales contrastantes con el compromiso de respetar el Estado de derecho, tan necesario para propiciar la inversión. Primero, el hecho de que la Consejería Jurídica de la Presidencia no haya interpuesto una Acción de Inconstitucionalidad contra la infame Ley Bonilla de Baja California y, por el contrario, desde los más altos niveles del Ejecutivo se haya anunciado que esa ley va a “pervivir”.  Dos, que se haya insistido en la candidatura y toma de posesión de Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a sabiendas que no cumple con los requisitos exigidos constitucionalmente. Y tercero, la anunciada intención de debilitar la autonomía del INE, sujetándola a los vaivenes electorales de cada trienio.

Para mover la economía, hay que reconocer que la actividad productiva ocurre en las entidades federativas y en los municipios; ahí es donde los potenciales inversionistas perciben si hay o no un compromiso con la legalidad, con la seguridad y con el Estado de derecho.

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