LEGISLACIÓN AGRARIA.

TXT: JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS

0
73
EL CAMPO, ejemplo de las leyes fallidas

A cien años de nuestra Constitución, se imponen algunas reflexiones. La corrupción y la demagogia son hermanas, las dos tienen el mismo ADN: mentira, simulación, apariencia, promesas falsas, manipulación. En una palabra, deshonestidad.

El derecho mexicano es malo por demagogo, se engaña con la ley, genera empleo para los litigantes y no siempre protege a las personas. Se dice que nuestra Carta Magna es la primera Constitución social del siglo XX y se presume su aportación por el juicio de amparo. Pero, si arrancamos el siglo con un ordenamiento de esas características, ¿por qué nuestro país es tan desigual y con alto grado de marginación social? Una norma no se cumple o porque está mal elaborada o por falta de voluntad para cumplirla.

Ninguna materia ha sido tan prolíficamente legislada como el campo. Por citar lo más relevante, desde la Constitución de Apatzingán, hasta el fin del reparto de la tierra en 1992, además de la Ley Lerdo de 1856 para desamortizar las propiedades territoriales de todas las corporaciones civiles y eclesiásticas, las reformas de 1917, una cantidad enorme de leyes en los años veinte y el Código Agrario de 1934.

Los legisladores se inspiraron en muchos ordenamientos: el reparto de la tierra a los pobres por Tiberio Graco (133 a. C.), el derecho colonial, la legislación española, el pensamiento liberal del siglo XIX y una precipitada discusión en el Constituyente de Querétaro. Todo ello propició una abigarrada, ambigua y contradictoria legislación que condujo a los desastres en el campo mexicano.

En 1917 no se habló de ejido. Luis Cabrera, Obregón y Calles buscaban la propiedad, no el reparto de la tierra. Es hasta 1927, con la Ley de Patrimonio Ejidal, cuando, por primera vez, se establece que debe ser inalienable e inembargable.

El ejido originalmente era restitutivo para devolver la tierra a las comunidades despojadas de ella. En el Código del 34 aparece el ejido dotatorio para reconocer el derecho de todos los mexicanos a la tierra. Se llegaron a crear figuras jurídicas tan absurdas como el certificado de inafectabilidad. El reparto, llamado a durar pocos años, se prolongó por varios sexenios. Se destruyó riqueza y se repartió miseria.

Bien lo dijo Vicente Lombardo Toledano: “El ejido no es un organismo socialista de la agricultura, como algunos ingenuos lo han llegado a decir. Porque no puede haber organismos de producción socialista en un país capitalista”.

Se le restó valor a la tierra al sacarla del mercado y no permitirles a los ejidatarios transferirla. Un estudio de la revista Nexos de febrero precisa que el Producto Nacional Bruto per cápita habría crecido hasta 124% entre 1950 y 1995 si la Reforma Agraria no hubiera tenido lugar.

Nuestra irresponsabilidad para elaborar leyes, sin determinar bien a bien sus fines, provoca incertidumbre y desconfianza, enemigas naturales del Estado de derecho. Viene al caso señalar dos principios de José María Gurría Urgell que nos debieran orientar:

1.“El agricultor, creador de vida, ama a sus hijos y ama a la tierra que se los da. Todo amor es exclusivo por idiosincrasia. No admite la comunidad”.

2. “La tierra no debe ser de quien la trabaje, sino del que la trabaje mejor”.

El campo, a pesar del enorme rezago de tres millones de parcelas de menos de cinco hectáreas, ha tenido un persistente crecimiento a partir de la reforma de 1992, al grado de convertirse en el primer ingreso de divisas para México.

Cuidemos la elaboración de leyes, buscando siempre desarrollar la potencialidad de la persona y no estorbando su iniciativa y su creatividad.

Dejar respuesta