INDÍGENAS Y MESTIZOS

POR PASCAL BELTRÁN DEL RÍO

Director editorial de Excélsior

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Siempre que uno generaliza, corre el riesgo de toparse con excepciones que matizan o desbaratan el argumento que se pretende probar.

Esto se puede aplicar a la decisión gubernamental de otorgar a los indígenas el beneficio de la pensión para adultos mayores a partir de los 65 años de edad, a diferencia del resto de la población —los “mestizos”, de acuerdo con la expresión que usó el presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana pasado— que la reciben a partir de los 68.

Dejando de lado que dicha medida podría considerarse discriminatoria en términos del artículo 1º de la Constitución, vayamos al centro del argumento en que se basa la decisión: que los indígenas son los habitantes más pobres del país.

Es verdad que la mayoría de quienes se reconocen como integrantes de alguna de las comunidades indígenas del país —12.25 millones de personas, de acuerdo con la Encuesta Intercensal de 2015— están en los últimos deciles de ingreso.

Tomo el dato de los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, de 2015: 55.5% de la población indígena habita en municipios de alta y muy alta marginalidad; y 87.5% de los 457 municipios en los que hay 70% o más de población indígena se encuentra en esas mismas condiciones.

En 2015, vivían en esos municipios 5.4 millones de personas, de las cuales 4.8 millones eran indígenas y el resto (600 mil) no indígenas.

De acuerdo con datos de Coneval, 9.3 millones de mexicanos vivían en pobreza extrema en 2018. Suponiendo que entre ellos están los 4.8 millones de indígenas que habitan los municipios indígenas de alta o muy alta marginación, habría otros 4.5 millones de mexicanos no indígenas en la misma condición, entre ellos los 600 mil que son vecinos de los indígenas más pobres.

Es decir, al reservar el otorgamiento de la pensión para adultos mayores a partir de los 65 años de edad para los indígenas —más allá de a cuántos les toque recibirla este año y en los años por venir—, y diferirlo hasta los 68 años para los no indígenas, cuando menos unos 4.5 millones de mexicanos extremadamente pobres se verían discriminados sólo por no considerarse indígenas.

Pero ése no es el único problema. Si la población indígena del país está integrada por 12.25 millones, habría unos 7.45 millones que no viven en los 457 municipios indígenas de mayor marginación. E incluso comparando toda la población indígena del país con el grupo de mexicanos que vive en mayor miseria, el primer grupo es mayor al segundo en tres millones.

Entonces, el argumento de la pobreza para entregar la pensión para adultos mayores a los indígenas tres años antes que a los “mestizos” es difícil de sostener desde el punto de vista sociodemográfico (y, por supuesto, el legal).

Pero hay un argumento adicional: en todos los grupos humanos hay personas a las que les va mejor —y, frecuentemente, mucho mejor—que al resto.

Los indígenas mexicanos no son la excepción. De acuerdo con el documento De campesinos indígenas a promotores de turismo. La experiencia del ejido San Cristóbal (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2016): la población de esa comunidad del municipio de Cardonal (que se identifica como parte de la etnia hñähñú u otomí) ha desarrollado un exitoso modelo comunitario-empresarial ecoturístico, en la zona de las grutas de Tolantongo, gracias al cual “el nivel de ingresos y bienes materiales difiere de lo que se observa en otras localidades del municipio”.

Qué bueno que esos ejidatarios indígenas hayan logrado hacerse de una fuente de ingresos sostenible. Debiera ser la meta no sólo de ellos, sino de todos los mexicanos, indígenas o no. Pero no hay razón para darles un beneficio del que no gozan millones de mexicanos pobres que no se consideran indígenas.

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