ESPIONAJE DIGITAL

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Gonzalo Leaño Reyes

El espionaje digital contra periodistas “es un serio atentado a las libertades de expresión y de prensa; al derecho a la privacidad y a la protección de fuentes periodísticas”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó expresamente y en forma contundente el espionaje contra periodistas y medios informativos, a raíz de la investigación publicada por The New York Times, basada en informes de organizaciones civiles, en la que acusa al gobierno mexicano de haber espiado entre 2015 y 2016 a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción.

De acuerdo al artículo, desde hace más de seis años el gobierno federal habría destinado más de 80 millones de dólares a la compra de sofisticados programas denominados Pegasus que acceden a llamadas, mensajes de texto, correos, micrófonos y cámaras de aparatos digitales de uso común y corriente.

Aunque el gobierno desmintió la acusación e igual hicieron funcionarios estatales, el tema fue ampliamente discutido y censurado en todos los medios informativos de nuestro país.

En términos bastante amplios, se entiende que los gobiernos utilizan el espionaje como un eficaz mecanismo de apoyo en situaciones de guerra o para hacer frente al crimen organizado. Entre la ficción y la realidad, el cine ha recreado a lo largo de varias décadas historias apasionantes de la CIA, la KGB, el Servicio de Inteligencia británico o las célebres SS nazis. Pero, así como si han servido para evitar complots, atentados, golpes de estado o ataques enemigos, también han sido utilizados sus servicios por dictadores sin escrúpulos, en perjuicio de ciudadanos y organizaciones civiles que luchan por la democracia y contra la injusticia.

El uso de las técnicas de espionaje se mueve sobre un delgado alambre a varios metros de altura y sin red de protección, por eso su manejo tiene que ir vinculado a un estricto criterio apegado a la ley, a la justicia y a los más altos intereses de la Patria. Lamentablemente, la tecnología de nuestros días ha puesto las más sofisticadas herramientas para espiar en manos de todo mundo; de ahí que abundan los videos y grabaciones hechos por amateurs pero dañinos como si hubieran sido confeccionados por expertos.

El periodismo y el activismo político pacífico son expresiones del espíritu humano que deben protegerse y estimularse cuando se encaminan al bien común. Por ello, la Comisión de Libertad de Prensa que preside nuestro amigo Roberto Rock en el seno de la SIP, expresó su condena al espionaje, señalando que “esta práctica de espiar a un ciudadano sin justificación judicial es además un delito criminal” con sanciones previstas entre 6 y 12 años de prisión.

La SIP ha venido denunciando, desde hace años, la infiltración de programas espías en las computadoras o dispositivos móviles de periodistas y organizaciones de noticias en Argentina, Ecuador, Colombia y Venezuela, entre otros países, y reitera que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. Y no se crea que el problema es sólo de América Latina; la SIP también consigna que el Departamento de Justicia de Estados Unidos “recopiló de forma secreta los registros de unas 20 líneas telefónicas de periodistas de la agencia AssociatedPress en 2012, incluido el teléfono fijo que la organización tiene en la sala de prensa de la Cámara de Representantes en el Capitolio”.

La SIP se ha expresado sin ambigüedades: el espionaje periodístico atenta contra la libertad de expresión. Que los interesados lo entiendan.

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