EL GOBIERNO Y EL FMI

POR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

Secretario General del PRI

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El gobierno federal tiene enormes dificultades para ser evaluado de manera imparcial y para que se mida el impacto de sus políticas públicas, incluso si esto ayuda a reducir la pobreza. Por ello, es muy revelador analizar por qué, en menos de dos meses, la visión y la actitud del Ejecutivo federal respecto al Fondo Monetario Internacional cambió radicalmente.

A finales de mayo, cuando recibió en Palacio Nacional a la señora Christine Lagarde, directora de dicho organismo, las imágenes del encuentro transmitieron una gran cordialidad cuando ambos, sonrientes, comunicaron las grandes coincidencias que marcaron su diálogo.

El propio Presidente escribió en redes sociales que coincidieron en “aplicar nuevos enfoques en nuestras relaciones: honestidad, igualdad de género, respeto al medio ambiente y combate a la pobreza”.

La semana pasada, sin embargo, el FMI se convirtió en poco confiable, carente de autoridad moral y consideró que “debería ofrecer disculpas al país por haber impulsado las reformas estructurales, causa de la violencia y la inseguridad”.

Esto último se debió a que la máxima autoridad monetaria y financiera del planeta, reconocida por tener a los mejores expertos y hacer sus mediciones con estricto rigor, recortó su estimación del crecimiento del PIB de México de 1.6 a 0.9%, el más bajo desde 2009.

Ése es el trabajo del Fondo y lo hace muy bien —aunque el Presidente diga que “no tienen datos”—; ayuda a tomar mejores decisiones a las economías y los gobiernos que quieren mejorar su desempeño, además de contribuir a la estabilidad macroeconómica global.

Lo que ocurre es que este gobierno sólo escucha la parte que le gusta, coincide con el objetivo de combatir la pobreza y reducir la desigualdad, pero no en la parte incómoda, donde la señora Lagarde fue muy clara ante el Ejecutivo federal, senadores y diputados, y con la Junta de Gobierno del Banco de México: hay que persistir en las reformas que permitan mayor inclusión financiera, reducir la inseguridad, proteger el medio ambiente, impulsar la igualdad de género… y la Reforma Energética.

En estas materias, la presente administración está reprobada, porque quien está a la cabeza del gobierno argumenta que no es lo mismo crecimiento que desarrollo (cosa que nadie discute) y pide que se tomen en cuenta “parámetros como el salario y la capacidad adquisitiva y la distribución de la riqueza” para hacer pronósticos; en otras palabras, sin ninguna experiencia y formación que lo avale, pretende corregir la plana al FMI.

Aparecen así dos problemas. El primero, que la negación sistemática de los fundamentos económicos básicos, por parte del Presidente, nos ha llevado a una recesión ya declarada “inevitable” por JP Morgan.

El segundo radica en que, mientras el Ejecutivo multiplica sus programas asistenciales, pretende reducir los salarios y, en consecuencia, la operación del organismo que evalúa las políticas sociales, el Coneval, con lo que pone en riesgo la disposición periódica de datos confiables que permitan evaluar y mejorar la política social.

Mientras que la todavía directora del FMI señalaba que “México está en un punto (en que debe definir) qué hacer en adelante”, preocupa que ya no esté en el gabinete quien fuera testigo del significativo encuentro en Palacio Nacional, expulsado por neoliberal y otros pecados como prevenir la recesión económica que será anunciada este miércoles por el Inegi y cuya única responsabilidad es de la presente administración. De modo que para el pueblo no hay crecimiento ni desarrollo.

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