DESAPARICIÓN DE PODERES

POR ARTURO ZAMORA JIMÉMEZ

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Las peticiones de desaparición de los Poderes locales en Veracruz, primero, y luego en Guanajuato y Tamaulipas, presentadas por las bancadas de Acción Nacional y Morena, respectivamente, no son otra cosa que un intercambio de amagos, chantajes y alardes políticos, que dejan un saldo negativo para la vida pública y revelan una franca irresponsabilidad institucional.

Ya Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excélsior, realizó el pasado miércoles un excelente repaso histórico, político y jurídico de la desaparición de poderes. Queremos volver sobre el tema para subrayar su trascendencia en la integridad de las instituciones de la República y el pacto federal.

Resulta deplorable que los señores senadores de la República, que han hecho la propuesta, no asuman la responsabilidad de la representación política, el peso institucional y la dignidad de su investidura y la degraden con propósitos partidistas al activar procedimientos de control del poder previstos en nuestra Constitución Política para circunstancias de la mayor gravedad social e histórica, a sabiendas, es evidente, de su clara improcedencia legislativa, constitucional y jurisdiccional.

Esto no hace más que dañar el prestigio de las instituciones, lastimar el Estado de derecho y la confianza de los ciudadanos en los Poderes establecidos.

Es doblemente grave porque el Senado de la República está concebido como la principal instancia de representación del federalismo y, en estos casos, lo que se valora es la supuesta incapacidad de los poderes públicos locales para mantener la fortaleza e integridad del orden federativo.

Utilizar la desaparición de Poderes como un instrumento de chantaje político y jurídico supone, entonces, un condenable atentado contra la soberanía popular de las referidas entidades federativas y de sus tres Poderes, así como una afrenta a sus habitantes, pues su eventual aplicación pondría en riesgo la estabilidad política y la cohesión de la Federación.

Este episodio es francamente reprobable, también, porque los señores senadores del PAN y Morena se sirvieron fundamentar su desmedida petición en idénticas razones: la gravedad de la situación local en materia de inseguridad pública. Como si se tratara de un juego de niños, unos acusan a otros de ser más incompetentes para gobernar y frenar la espiral de violencia que azota a las tres entidades.

Esto es una burla para una población que quiere soluciones y sensibilidad ante la grave crisis de seguridad pública, y no el uso y el abuso de los recursos parlamentarios y legislativos para dirimir diferencias partidistas.

De paso, se ha aprovechado esta querella política para exponer desacuerdos y sugerir medidas extraordinarias sobre los términos del Acuerdo de Coordinación Fiscal entre las entidades federativas y la distribución de los recursos presupuestales de la Federación, cuando hay canales institucionales (la Convención Nacional Hacendaria y la Ley de Coordinación Fiscal) para realizar ajustes eventuales al pacto fiscal federal en concordancia con la estabilidad económica y financiera del país.

Resulta, así, atinada y oportuna la declaración del Presidente de la República, al reprobar la propuesta de los senadores y el uso político de la fórmula de desaparición de Poderes. Esperemos que los legisladores de Morena atiendan el llamado del Ejecutivo federal y preserven la integridad y dignidad de las instituciones de la República y sus instrumentos jurídicos y fiscales.

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