CONTRA LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

POR RUBÉN ÍÑIGUEZ

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La intervención del presidente López Obrador ha sido determinante para que se nulifiquen, se les quiten atribuciones y presupuesto, o se apodere de varios organismos autónomos.

Uno de ellos es el Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) creado 29 de abril del 2003, que tiene la finalidad promover medidas para contribuir al desarrollo cultural y social, avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad.

¿Existe la discriminación en México? La respuesta es sí, ya que èstapuede darse por color de piel, género, estado civil, incluso por opiniones distintas, por alguna incapacidad personal, por formar parte de una etnia, también por diferencias de credo religioso.

Este organismo al igual que los consejos o comisiones de regulación autónomos que se pretende desaparecer, se supone fue dotado de autonomía técnica, independencia, además de no estar subordinado a ninguna autoridad para sus resoluciones en los procedimientos de quejas, cumpliendo el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación.

Este organismo cuya sede está en la Ciudad de México era presidido por Mónica MacciseDuayhe, quien había sido anteriormente la titular de la unidad técnica de Igualdad de Género del INE, por lo tanto, no era una improvisada. Sin embargo, renunció después del incidente del foro donde participaría en youtuberChumel.

Otro organismo cuya permanencia está en vilo es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Es encabezada por la doctora Mara Gómez Pérez, quien puso de manifiesto la inmovilidad que le provoca la reducción del 75% de su presupuesto operativo. Ella fue elegida por cinco años por el Senado de la República. La impaciencia presidencial fue la manifestación de protesta de larga duración en pleno Zócalo por la reducción presupuestal de dicha Comisión. Los principales receptores de atención de la CEAV son víctimas de algún delito federal.

Con estas atropelladas decisiones se quedan sin atención 34,215 víctimas a las que se les estaba brindando atención médica, psicológica, jurídica y en algunos casos, apoyo económico.

El nuevo conflicto es entre el presidente López Obrador y el Instituto Nacional Electoral (INE), que, dicho sea de paso, fue la instancia que organizó y llevó a cabo las elecciones de 2018 que le dieron el triunfo y la constancia respectiva al entonces candidato presidencial de Morena. El INE es el principal garante de la legalidad de los procesos electorales en nuestro país, sin embargo, López Obrador afirma que él será guardián de los próximos comicios en 2021, en los que se disputarán 15 gubernaturas, cientos de alcaldías, así como diputaciones locales y federales. Por supuesto, el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova Vianello, reaccionó rápidamente y declaró que era momento de respetar la división de poderes, el respeto del marco constitucional, la fortaleza del Poder Judicial, ya que su independencia y autonomía son irrenunciables para el buen funcionamiento de la democracia. También dijo que es tiempo de adaptarnos a la “nueva normalidad”, revisar la suma de estas variables que repercutirán en nuestra vida pública y privada en el terreno de las libertades, de los derechos, de la democracia, de la seguridad, de la salud, de las reglas para la competencia política y de la justicia, por lo tanto, del equilibrio de poderes, entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial; además del respeto a los organismos autónomos que existen en nuestro país y cuyo papel preponderante para garantizar un mejor Estado de derecho.

Lo que preocupa es que el Presidente propone la desaparición o regulación de estos organismos, mismos que serían absorbidos por la Secretaría de Gobernación, anulando su autonomía y destinando sus presupuestos a otros fines. López Obrador afirmó en una de sus mañaneras que revisará por lo menos a cien organismos autónomos, pues para él representan un gasto excesivo e innecesario.

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