2020, LA CERTEZA DEL ERROR

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POR CECILIA SOTO / EXCÉLSIOR / La diferencia cualitativa con respecto a 2019 es que ahora no hay incertidumbre con respecto a la política económica del gobierno federal. Después de la discusión y aprobación del Presupuesto, de la firma de un Programa de Infraestructura de escaparate, de la desaparición de fondos como el Minero y el Metropolitano, y varios otros que hacían llegar más recursos a las entidades, de la negativa a convocar a una nueva Convención Hacendaria y a una imprescindible reforma fiscal, al tiempo que aumentan las medidas a favor de la centralización, la certeza es que la economía continuará estancada, si bien nos va.

El “beneficio de la duda” paraliza. La certeza moviliza. Y algunas entidades federativas se han puesto las pilas para fortalecer las finanzas locales e impulsar un mayor crecimiento económico. Lo interesante es que, en este ejercicio, las entidades han seguido dos modelos contrastantes. El dinosaúrico, por todos conocido y experimentado durante décadas, y el de ensayos hacia una democracia deliberante.

El primer modelo, el dinosáurico, es el seguido por el gobernador fugaz, Jaime Bonilla. Este mandatario quiere aprovechar los dos añitos en los que gobernará e inició su gobierno con nuevos impuestos y alzas a otros ya existentes. Impuestos a combustibles: del 5% al gas licuado y de 2.5% a la gasolina. Y para el cobro de este impuesto, se le otorgó autorización a Bonilla para que negocie un convenio con Pemex para que incluya —y repase a la entidad— estos impuestos cuando Pemex surta a las empresas. Aumento del impuesto al hospedaje del 3% al 5% y homologado para las plataformas digitales como Airbnb y de 7% a los moteles (¿qué tiene el gobernador contra el amor?). Un impuesto interesante a las ventas de las casas de empeño y un aumento del 100 al impuesto de nómina del 0.6% al 1.2 por ciento.

Salvo el impuesto a los combustibles, que no parece tener una base legal clara, el problema no son los impuestos en sí, sino la forma de imponerlos. A la última hora del 31 de diciembre, en sesión extraordinaria en la que ni los propios diputados de Morena conocían el texto. Sin estudio previo sobre su imposible impacto, sin dictamen de las comisiones, sin evaluación de la Auditoría local. A las protestas de los empresarios, que jamás fueron consultados, el gobernador fugaz respondió calificándolos como “puercos que chillaban atorados en el cerco”. No olvidemos esta frase cuando hable la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la inconstitucional extensión a cinco años del periodo de gobierno bonillesco.

El contraste más interesante viene de Sonora, Guanajuato y Aguascalientes. A su vez, los dos primeros estados se inspiran en una experiencia muy exitosa de larga data, del estado de Chihuahua. En 1990, a raíz de una tromba muy destructiva que azotó la capital chihuahuense, los empresarios propusieron aumentarse, por una ocasión, en 5% el Impuesto sobre Nómina (ISN), y llegaron a un acuerdo con el gobierno del estado para que estos recursos se les devolvieran para proyectos de remediación y mejora urbana. Esta iniciativa resultó tan exitosa que se repitió el Meliá con autorización desde el Congreso local y se creó el Fondo del Empresariado Chihuahuense, AC (FECHAC), con innumerables iniciativas. Después en 2008, en lo más álgido de la crisis de seguridad en Ciudad Juárez, los empresarios juarenses pidieron que se les impusiera por tres años una sobretasa del 5% al ISN, para dirigir estos recursos a la búsqueda e implementación de soluciones a la violencia e inseguridad. De ahí surgió el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), que ha sido un vehículo muy valioso para la participación de la sociedad civil en las Mesas de Seguridad.

En Sonora, el Consejo Ciudadano de Seguridad propuso un aumento del 2% al 3% del ISN para dedicar —al igual que en Chihuahua— esos ingresos extra a seguridad. La polarización política preelectoral impidió que se aprobara lo que parece ser una iniciativa interesante, pero lo importante es que se inició un debate sobre alternativas al financiamiento de la seguridad, cuando la tónica del gobierno federal es la austeridad paralizante.

En Guanajuato, con una larga tradición de búsqueda de consenso entre iniciativa privada y gobierno estatal, fueron los propios empresarios los que anunciaron su anuencia a un paquete de nuevos impuestos etiquetados a importantes proyectos de infraestructura. Desde abril de 2019 se aumentó una sobretasa de 0.3% al ISN y estos recursos se canalizaron a dos fundaciones que siguen el modelo de la exitosa experiencia de Chihuahua. Para el presupuesto de 2020 hay un aumento de impuestos estatales del 3.5%, que incrementará la recaudación propia en dos puntos. De la misma manera, el empresariado de Aguascalientes aceptó de buena gana un aumento del 0.5% en el ISN ante los recortes federales. Puebla y la Ciudad de México también aumentaron impuestos. Una buena salida al austericidio.

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