¿SOMOS ACASO UN PUEBLO MASOQUISTA?

TXT: JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS

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Las leyes se hacen para cumplirse, no para que simulen la existencia de un Estado de derecho.

Urge recuperar el sentido común, así de primitiva es nuestra crisis. Hemos enredado tanto la madeja que, parafraseando a Churchill, deberíamos decir que éste no es el principio del final, sino el final del principio y precisar con la mayor lógica posible, compromisos ineludibles para generar de nuevo la esperanza en la política.

Lo anterior implica un acuerdo y, para ello, es necesario entendernos. Entender significa comprender, pero también amar, compadecer, percibir dolores y necesidades ajenas y encontrar lo básico y lo elemental para que se puedan sumar voluntades. Significa también precisar aquello en lo que no se puede ceder. Esto, aparentemente tan sencillo, es difícil de alcanzar.

¿Cómo es posible que candidatos que flagrantemente violan la ley conserven la preferencia electoral? ¿Cómo es posible que la ciudadanía no ejerza su derecho y su deber de castigar al partido con mal desempeño en el servicio público? ¿Acaso somos un pueblo masoquista? ¿No somos aptos para la democracia?

En pocas ocasiones México ha logrado verdaderos consensos: al inicio de la República restaurada, el brevísimo periodo de Madero, la promulgación de la Constitución de 1917, la etapa del desarrollo estabilizador como eventos identificables. De ahí en fuera, hemos vivido turbulencias, una gobernabilidad más aparente que real y un Estado de derecho resquebrajado.

Requerimos una real y sustancial reforma jurídica que se oriente por un derecho de factible cumplimiento. Basta ya de confundir la norma jurídica con el proyecto, la aspiración, el plan o el anhelo. México debe identificarse con lo prescrito en las leyes. La brecha entre éstas y las conductas debe reducirse a su mínima expresión. El esfuerzo es mayúsculo e implica un auténtico liderazgo con sustento ético.

No hay diferencia entre la norma jurídica y la norma ética. Por conciencia, el primer deber de un gobernante es cumplir la ley, a ello se compromete al asumir el cargo. Nos ha hecho daño el pensar que el derecho regula la vida externa y la ética compete a la vida interna. Ambos están imbricados de tal manera que se diluyen las distinciones.

He ahí, pues, el primer tema para la agenda política: cómo vigorizar nuestro Estado de derecho. Esto involucra los tres poderes y a todos los niveles de gobierno. El derecho es sentido común, es la racionalidad en la convivencia social. Pocos juristas en nuestra historia han definido con claridad qué queremos obtener con las leyes y eso nos ha llevado a que, desde el inicio, nuestras normas jurídicas hayan fracasado. Es preciso fortalecer la conciencia de lo legal, coincidir en lo necesario y asequible. Con estas dos características debemos replantear toda una reforma jurídica.

El gobernante debe conocer las limitaciones del derecho para no abusar del poder. El gobernado debe nutrirse del amplio espectro que le brinda el derecho para desplegar su mayor potencialidad. De esa complementariedad surgen las condiciones para que haya desarrollo y bienestar.

Restringir la temática e insistir en la urgencia de entendernos era el clamor de Vasconcelos cuando hablaba de una regeneración moral, de acabar con mitos y esclarecer verdades. Se dice fácil, pero el desafío es mayúsculo, es de orden cultural y esto nos remite a cuestiones intangibles y que solamente se pueden percibir en el largo plazo.

Se agotó la luna de miel de nuestra frustrada transición. O abordamos el problema para fortalecer una auténtica cultura democrática que inicie con la observancia de la ley o los niveles de violencia e impunidad nos harán retroceder.

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