¿Resistencia civil o populismo?

CONDONAR ADEUDOS EN CFE SERÍA PREMIAR LA ILEGALIDAD

POR ARTURO ZAMORA

Senador y Secretario General de la CNOP

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¿Quién va a pagar si condonan los adeudos?

El anuncio del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, de condonar adeudos con la CFE a grupos sociales alentados a la “resistencia civil” por él hace años, pone al gobierno federal y a la administración pública que encabezará, en un serio predicamento que amerita varias reflexiones.

La primera consecuencia de esta medida sería sentar un precedente que vulnere el principio básico del Estado de derecho: El reconocimiento del imperio de la ley por parte de la ciudadanía y de los gobernantes.

Es, además, un atentado contra el orden democrático y constitucional, en tanto que la arbitrariedad y la discrecionalidad se traducen en privilegios que ignoran el interés general y la responsabilidad civil como cimientos de una sociedad igualitaria.

Esta versión tropical de la desobediencia civil no es otra cosa que arbitrariedad y voluntarismo impune, y pueden poner al país al borde del caos, ya que la permisividad gubernamental ante el incumplimiento de obligaciones ciudadanas no puede más que derivar en la degradación del orden jurídico y social.

¿Qué seguiría luego del impago de la factura de la luz, acaso la negativa de los ciudadanos a pagar el predial o el agua?, ¿permitir que automovilistas o empresarios se rehúsen a pagar derechos e impuestos?, ¿fomentará la proliferación de grupos que desobedezcan la ley o desacaten órdenes judiciales de forma sistemática? Éste es el fondo y la gravedad del proceso desatado en Tabasco: Un mal ejemplo que puede cundir como cáncer.

La segunda reflexión surge de la pregunta: ¿Quién pagará los adeudos que se condonen?, ¿pasarían a ser pasivos de la empresa productiva del Estado mexicano, además de provocar la disminución de la capacidad financiera y de inversión de la CFE, ya de por sí en una situación precaria? La historia propia y de otros países demuestra que estas medidas populistas terminan ahogando a las empresas paraestatales.

A fin de cuentas, serán los ciudadanos que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y de consumidores quienes estarían resarciendo a la empresa de esa pérdida, ya que alguien deberá cubrir los más de 28 mil millones de pesos de adeudo; lo cual, por cierto, consumiría buena parte de los ahorros prometidos por el próximo gobierno.

En su reciente anuncio, López Obrador sostuvo que el “borrón y cuenta nueva” se aplicará sólo a quienes lo acompañaron en la “resistencia civil” en Tabasco. Esto resulta alarmante, pues un político que ha tenido como bandera acabar con esas prácticas, ahora quisiera beneficiar a los suyos utilizando los recursos de todos.

Esto implicaría imponer los intereses de grupos específicos sobre el interés general y significará inaugurar una etapa de abierto patrimonialismo clientelar que será altamente negativa para el combate a la corrupción que, como vimos en las campañas, es una demanda ciudadana generalizada.

Está en nuestro mejor interés como ciudadanos invitar al Presidente Electo y a su equipo a conducirse con responsabilidad ante el mandato que se les ha conferido. La legitimidad otorgada por un buen número de mexicanos, el primero de julio, no es sinónimo de carta abierta al “populismo”. Antes bien, es un ordenamiento para buscar alternativas de cambio que den confianza al país, consoliden el Estado de derecho y beneficien a todos los mexicanos.

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