MÁS DE CIEN AÑOS DE “DIARREA LEGISLATIVA”

TXT: JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS

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Janine Otálora, presidenta del TEPJF.

Estado de derecho y democracia están imbricados. Sin embargo, no por arribar a la democracia se fortalece el cumplimiento de la ley. Los sistemas autoritarios y totalitarios tienen un andamiaje jurídico, como bien decían los romanos: donde hay sociedad, hay derecho. Me atrevo a afirmar que había menos impunidad en el porfiriato que el día de hoy. En nuestro caso, nos falta cultura de la legalidad. El respeto a la ley es un reflejo de valores como el honor, la vergüenza, la dignidad, la autoestima y, desde luego, el temor a la sanción. Por tanto, sin una sólida moral colectiva, es difícil que se consolide el Estado de derecho.

Es voluntad de los priistas obedecer la decisión del Presidente de la República en la designación de su sucesor. El problema está en los mecanismos empleados para imponer esa disciplina —que pueden ser ilegales— y que se ponga todo el aparato del Estado al servicio de los candidatos del PRI. Ahí sí se está incurriendo en una ostentosa y evidente ilegalidad.

Lo vimos en los casos del Estado de México y de Coahuila. Preocupan las declaraciones de Janine Otálora, presidenta del TEPJF, quien reflejó su temor para aplicar la ley, al expresar que los ciudadanos son los más afectados al anular elecciones. En otras palabras, es preferible condenar a Coahuila al cacicazgo de los Moreira que confirmar lo evidente: el bárbaro costo de la campaña. La falla viene desde la ley misma, al señalar como causales de nulidad que se rebase en más del cinco por ciento los gastos de campaña y cuando la diferencia del resultado electoral entre contrincantes sea menor al cinco por ciento. ¿Qué sucedería si la diferencia es mayor a ese porcentaje, pero se obtiene con un gasto descomunal? Al no darse las dos causales, no procede la nulidad, una aberración.

Hemos venido modificando el derecho electoral desde los tiempos de Francisco I. Madero, más de 100 años en que ha habido una verdadera “diarrea legislativa”. El ejemplo más evidente es el artículo 41 constitucional: pasó de 60 palabras a más de tres mil, pero los procesos electorales siguen sin resultados que les den certidumbre y legitimidad a las autoridades emanadas de ellos. En unos días más veremos cómo salen funcionarios del gabinete presidencial para apuntalar las campañas priistas y veremos también, en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes del Estado, sutiles y a veces descarados apoyos a los candidatos. Es mucho lo que está en juego y es evidente que se está incurriendo en las peores prácticas para conservar el poder, sobre todo, cuando se inician procesos penales en contra de funcionarios solamente cuando se da la alternancia.

Se evidenció en el caso Coahuila una confrontación clara entre el INE —que busca recuperar la credibilidad que alguna vez tuvo— y un TEPJF que una vez más confirma su clara parcialidad.

Durante las campañas escucharemos muchas propuestas para atacar la corrupción y la impunidad. Pero si prevalece el miedo a cumplir la ley, cualquier reforma o institución sólo abultará el gasto corriente en contraste con sus magros resultados. Recordemos desde la famosa “renovación moral” de Miguel de la Madrid, hasta el frustrado intento del Sistema Nacional Anticorrupción en las postrimerías de este gobierno.

Es triste ver cómo en otras partes hay políticos que por dignidad renuncian o funcionarios que con gran valor asumen el elemental deber de cumplir la ley. Es absurda la expresión “Puede ser inmoral, pero es legal”, una falacia. Las inmoralidades consentidas por el derecho no reflejan más que la falta de autoridad ética de quienes se encargan de elaborar las leyes y de quienes deben cumplirlas y hacerlas cumplir.

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