López Obrador y Morena deben guardar distancias

POR IVÁN ARRAZOLA CORTÉS

Doctor en Ciencia Política

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YeidckolPolevnsky, presidenta del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Uno de los elementos que sin duda mayor expectación generan después de las elecciones de julio es la posibilidad de que México dé pasos hacia un país más justo no sólo en términos económicos, sino además en términos políticos y legales. El avasallante triunfo de Morena genera la expectativa de un cambio, pero al mismo tiempo obliga a pensar en el discurso que lo ayudó a ganar las elecciones y el impacto que éste tendrá sobre la acción de gobierno y el apoyo popular al partido recién llegado al poder.

Carl Schmitt es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, sus obras se enfocaron en criticar el liberalismo económico, el Estado liberal, el parlamentarismo y la democracia procedimental. Pensaba que en buena medida estos elementos habían llevado a la nación alemana a la decadencia a comienzos del siglo XX. Pensaba que la política debía hacerse en el espacio público y que eso fortalecería la conexión entre los gobernantes y los gobernados. La construcción de su teoría parte de la definición de lo político, lo cual se puede establecer a partir del criterio amigo-enemigo, planteado por Schmitt como una expresión de la necesidad de diferenciación que conlleva un sentido de afirmación de un grupo frente al otro. Así, es posible observar el contenido positivo de la relación amigo-enemigo como conciencia de la igualdad y de la otredad, la cual se define marcando al grupo frente a los otros. La percepción que un grupo desarrolla de sí mismo en relación con los otros es un elemento que al mismo tiempo que lo cohesiona, lo distingue.

La distinción amigo-enemigo permite vigorizar la democracia en el sentido de que los ciudadanos se identifican con un proyecto, lo apoyan de forma incondicional y aprueban su accionar. Esto se traduce en términos gubernamentales en que, al diferenciar y distinguir de manera clara a los grupos políticos, los ciudadanos dejan a un lado la actitud apática, desinteresada o escéptica y se vuelven actores activos que defienden en la arena pública la postura del grupo con el que se identifican, lo apoyan con su voto en las urnas y aprueban sus propuestas de gobierno.

En ese sentido, este concepto de lo político parece haber permeado a una buena parte de la sociedad mexicana que acudió a las urnas el primero de julio. El discurso de la honestidad, la honradez, la austeridad, se impuso al discurso del dispendio, de la deshonestidad y de la corrupción. Ese discurso tuvo como contraparte a la mafia del poder, la oligarquía y los conservadores.

A pesar de la contundente victoria es necesario reconocer que este discurso que fue tan efectivo en época electoral parece que se mantendrá durante el periodo de gobierno del hoy Presidente electo. Para muestra está el tema del fideicomiso “Por los demás”; la respuesta de AMLO fue que la multa impuesta por INE a Morena por 197 millones de pesos “es una vil venganza. No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados por el sismo. Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad. Por el contrario, buscan enlodar una acción humanitaria. Acudiremos a tribunales”. Falta esperar la resolución que emita el TEPJF, pero en caso de confirmar la multa es probable que los ataques a las instituciones electorales se mantengan y pongan en duda sus decisiones al considerar que se actúa de forma parcial o se busca desacreditar a la fuerza política que gobernará el país durante los próximos seis años.

Las acciones que en este momento ha anunciado el próximo gobierno parecen ir encaminadas a satisfacer parte de las exigencias del electorado para frenar el dispendio de recursos por parte de los gobernantes y llevar la austeridad a cada área del gobierno, desde el Presidente que se reducirá el sueldo 40% respecto a su antecesor, la reducción del personal de confianza, hasta el anuncio de no adquirir equipos de cómputo durante el primer año de su gestión. Cualquier medio de comunicación, actor o institución que se oponga o critique estas medidas puede ser tachado de conservador o reaccionario, como sucede con analistas y funcionarios que han expresado sus dudas sobre las medidas que pretenden llevarse a cabo.

Seguramente muchas medidas generarán inconformidad y quejas que se tendrán que dirimir en diferentes instancias dentro del Poder Judicial, sobre todo por parte de funcionarios y personas que ven afectados sus interese por dichas medidas. Es importante señalar que el proceso de transición presidencial intenta romper con la lógica de subordinación al Poder Ejecutivo, de tal forma que cada poder pueda ejercer sus atribuciones y el papel de contrapeso o de independencia respecto al poder presidencial, o en el caso del Poder Judicial, actuar con libertad y no estar sujeto algún tipo de presión o intimidación. Con los resultados que arrojó el pasado proceso electoral, esta dinámica puede estar en riesgo debido al poder que concentra el partido ganador, con mayoría en el Congreso de la Unión y los congresos locales.

El partido ganador y particularmente quien encabezará el Poder Ejecutivo no deben olvidar que están obligados a gobernar para todos, los que votaron y no votaron por ellos. Si bien ganaron por una amplia mayoría, sólo un tercio de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral votaron por ellos.

Uno de los elementos vitales para que una democracia perdure es el respeto a la pluralidad y a la crítica. Los medios de comunicación deben cumplir con su tarea de seguir informando, los analistas deben seguir emitiendo sus opiniones con toda libertad y los ciudadanos deben ser vigilantes de sus autoridades, pero mantener la polarización más allá del proceso electoral puede ser peligroso, lleva a callar voces, a censurar opiniones y al miedo.

Si como ha señalado el Presidente electo busca la reconciliación nacional, es importante acepte las resoluciones de las autoridades, aunque no le favorezcan y elaborar un discurso menos disruptivo y más constructivo.

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