¿Hay presos políticos en México?

POR RICARDO ALEMÁN

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Al amparo de la prensa militante y del periodismo a modo –que guardan un silencio sepulcral–, nace, crece y amenaza con reproducirse otra mentira; la supuesta existencia de presos políticos en México.

Y es tal el espantajo que criminales vulgares, ladrones de cuello blanco, lavadores de dinero y hasta matarifes a sueldo se alistan para buscar lugar en la dudosa categoría de “presos políticos” y –¡claro!–, para reclamar al nuevo gobierno su liberación.

Pero antes de seguir se impone la pregunta elemental: ¿Es cierto o falso que en México existen presos políticos?

Dice una definición clásica que un preso político es cualquier persona o ciudadano al que se mantiene en prisión o bajo arresto –al margen del derecho–, “porque sus ideas suponen una amenaza para el sistema político establecido”.

¿De verdad en el México democrático del siglo 21 existen presos políticos o presos de conciencia?

Está claro que no. Y decir lo contrario sería lo mismo que reconocer el fracaso de los poderes sobre los que descansa el Estado: poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

¿Entonces, si no existen presos políticos, de dónde sale la peregrina idea de que, a partir del 1 de diciembre, el nuevo gobierno emitirá un decreto “para amnistiar a los presos políticos”?

Ya no es novedad. La idea salió de una declaración del Presidente electo, quien luego de una visita al gobernador de Quintana Roo –Carlos Joaquín González–, dijo a los periodistas que el hijo de Mario Villanueva –preso por delitos federales vinculados al crimen organizado–, le entregó una carta en la que expone que Villanueva es un perseguido político.

En respuesta, López Obrador dijo: “Vamos a establecer un procedimiento… Le he pedido a la licenciada Olga Sánchez Cordero que me ayude en la elaboración del acuerdo, del decreto, de la ley, de conformidad con lo que corresponda y que se fijen las condiciones para esta amnistía a presos políticos a partir del análisis expedito de caso por caso”.

¿Qué significa que el futuro Presidente –quien aún no toma posesión–, decida quiénes sí y quiénes no son “presos políticos”? ¿Qué implica que el Ejecutivo pretenda invadir funciones de los poderes Judicial y Legislativo?

¿Imaginan la paliza para Fox, Calderón o Peña Nieto si hubiesen insinuado liberar a criminales, a partir de un decreto que ignore los delitos federales y considere “presos políticos” a matarifes, narcotraficantes y secuestradores?

En efecto, una vez investido como Presidente, López Obrador puede enviar al Congreso las reformas judiciales necesarias para cambiar el estatus de criminales como Mario Villanueva, Javier Duarte y los que guste o mande.

Sin embargo, mientras dichas reformas no sean presentadas, aprobadas por el Legislativo y mientras que el Poder Judicial no haga su parte, el Ejecutivo no puede dar la calidad de “preso político” a nadie.

En realidad, asistimos a una monstruosidad legal propia de un dictador y al silencio cómplice de medios y periodistas domesticados. ¿Hasta cuándo?

Al tiempo.

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