FALTA VOLUNTAD POLÍTICA PARA ACABAR CON LA CORRUPCIÓN

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Momentos después de recibir su constancia como gobernador electo de Sinaloa en 1986, Francisco Labastida Ochoa mencionó una serie de cualidades, a un periodista que le preguntaba cuál sería el perfil de sus principales colaboradores en el gobierno. Le llamó la atención al periodista una aparente omisión, la honradez, y el político mochiteco aclaró:“Todos debemos ser honestos por default; no sólo los miembros del gabinete sino hasta el más humilde trabajador de intendencia. Los recursos que manejamos son de ustedes y nadie que trabaje en el gobierno debe robarse ni siquiera un trapeador”.

Han pasado más de treinta años de aquella declaración tan acertada y sin embargo México es hoy el país más corrupto de los 35 que integran la OCDE. A tal grado ha crecido el problema, que el gobierno federal decidió crear un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Irónicamente, desde el propio gobierno se sabotea el avance del sistema que, de acuerdo a la ley, entró en vigor el pasado 18 de julio. El Senado de la República finalizó su periodo de sesiones dejando pendiente el nombramiento del ombudsman que debe coordinar las acciones de los organismos involucrados en el SNA. Y ya casi con un pie en la tranquilidad del receso, senadores del PRD, PAN y PT (los del PRI y PVEM, ausentes) rechazaron convocar a un período extraordinario de sesiones para designar al Fiscal y magistrados Anticorrupción. Dicen desconocer los detalles de la iniciativa del presidente Peña Nieto y quieren que sea la PGR quien les entregue una nueva propuesta legislativa. Marrullería pura.

En respuesta al descaro de los senadores, los integrantes del Comité de Acompañamiento Ciudadano para la Designación del Fiscal Anticorrupción (para inventar siglas, organismos y agrupaciones sí somos buenos) renunciaron y acusaron a la Cámara Alta de bloquear el nombramiento, a pesar de que hay varios candidatos “idóneos” ya propuestos.

LÍDER EN CORRUPCIÓN

De acuerdo al Índice Global de Competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial 2016-2017, México es el país peor calificado en el tema de la corrupción, entre los 35 que integran la OCDE y que son considerados como los más desarrollados. Y entre todos los países del mundo, incluyendo dictaduras, países muy pobres o en guerra, México ocupa el treceavo lugar en corrupción.

Según una Encuesta de Fraude y Corrupción de KPMG, el 44% de las empresas en México realizó pagos extraoficiales a funcionarios públicos, y el ya citado IGC precisa que la corrupción se roba el 14% del ingreso de cada hogar mexicano.

LA PREGUNTA

DE LOS 64,000

¿Cree usted que el Sistema Nacional Anticorrupción será capaz de frenar el inexplicable robo de combustibles o el también inexplicable enriquecimiento de funcionarios?

En general, América Latina es la zona de mayor corrupción en el mundo. De los trece países peor calificados, ocho pertenecen a esta región: Venezuela, Bolivia, Brasil, Paraguay, República Dominicana, Argentina, Nicaragua y México. Los otros cinco son: Chad, Yemen, Nigeria, Moldavia y Bangladesh.Por lo tanto, no sorprende que varios exgobernadores mexicanos estén en la cárcel o prófugos de la justicia; que la presidenta de Brasil Dilma Rousseff haya sido destituida y el expresidente Lula, condenado a prisión, y que incluso en Perú, que no aparece en la lista, se haya sentenciado a prisión al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, en tanto que el también expresidente Alberto Fujimori cumple una pena de 25 años de cárcel.

JALISCO YA TIENE LEY

En Jalisco, el Congreso local ya modificó diversos artículos constitucionales para darle un marco jurídico al Sistema Anticorrupción del Estado (SAEJ), que contará con un fiscal, un Tribunal de Justicia Administrativa, así como órganos de control y un comité de participación social.

El SAEJ, ya alineado a la legislación federal, está diseñado como “una instancia de coordinación entre autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos”, de acuerdo al Congreso del Estado.

De acuerdo a las modificaciones a la ley estatal, el Auditor Superior del Estado será elegido por el Congreso entre una terna que presentará el Gobernador y su periodo será de ocho años con la posibilidad de ser reelecto por una sola vez. El Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción deberán cumplir con los mismos requisitos establecidos para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, y dichos cargos durarán siete años sin posibilidad de reelección. El nombramiento de Fiscal General también lo hará el Congreso en base a una terna propuesta por el Gobernador, y para el caso del Fiscal Anticorrupción intervendrá en la formulación de la propuesta un nuevo organismo denominado Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. Los magistrados del Tribunal de Justicia y los integrantes del Comité de Participación Social se irán sustituyendo escalonadamente.

El Tribunal de Justicia Administrativa será un organismo público autónomo, capacitado para imponer sanciones a los servidores públicos estatales y municipales que cometan faltas administrativas graves, así como a particulares que participen en actos de corrupción que afecten al erario público.

El Gobierno anunció con bombo y platillo la reforma anticorrupción, pero ni siquiera se ponen de acuerdo para designar al fiscal que estará al frente del sistema.

CRONOLOGÍA

El columnista Javier Aparicio publicó en Excélsior (14/07/17) una narración de lo que ha sido el lento camino hacia la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, camino iniciado hace más de cinco años y que aún no ha sido posible concretar. A continuación, las etapas más significativas de este proceso:

CAMPAÑA 2012.- El entonces candidato Enrique Peña Nieto promete en su campaña la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción.

TIEMPO DE REFORMAS. Ya como presidente, Peña Nieto prioriza las Reformas Estructurales y coloca el tema de la corrupción como su compromiso número 85.

PLAZO INCUMPLIDO. En 2015 se expidió un decreto para que, en el plazo de un año, se expidieran las leyes necesarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. No se hizo.

ELECCIONES 2016. Después de los procesos electorales en los que el PRI perdió varias gubernaturas, el 18 de julio de 2016 se promulgaron por fin las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y se creó el Comité de Participación Ciudadana.

ELECCIONES 2017. Antes del 4 de junio, fecha de los comicios locales en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, el Senado argumentó que “no estaban dadas las condiciones” para designar al Fiscal Anticorrupción y a los magistrados.

PROBLEMA PRIORITARIO

Abatir la corrupción debe ser la primera tarea para el próximo Presidente de México, de acuerdo al resultado de una encuesta realizada por medio de redes sociales entre más de tres mil estudiantes y profesores universitarios, así como profesionistas, en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

A la pregunta: “¿Cuál debería ser el primer problema a combatir por el próximo Presidente de México?”, las tres opciones propuestas registraron los siguientes resultados:

 

PROBLEMA                     %

CORRUPCIÓN               41.9

INSEGURIDAD              38.5

POBREZA EXTREMA    19.6

¿PEREZA O MANIOBRA? A casi dos meses de celebradas dichas elecciones y de que la fecha establecida para la entrada en vigor del Sistema Anticorrupción era el 18 de julio pasado, el Senado no hizo la elección de Fiscal ni de magistrados, concluyó el periodo ordinario y se negó a convocar a un periodo extraordinario para resolver el asunto.

La conclusión del periodista Aparicio es que “a lo largo de este sexenio y en dos legislaturas consecutivas se ha hecho todo lo posible por retrasar, bloquear y torpedear la construcción de un importante mecanismo institucional para combatir la corrupción y la impunidad en México. No sólo se ha retrasado la promulgación de leyes y se han incumplido plazos, sino que además se ha debilitado la letra misma de la legislación en cada iteración del proceso legislativo”.

COLOFÓN

La corrupción es uno de los principales problemas de México; afecta gravemente el desempeño de la función pública, la actividad empresarial, el desarrollo del país y de las familias, y solapa la existencia de otros enormes problemas como son la inseguridad pública y la pobreza extrema. Para abatirlo, cosa que podría tardar muchos años, es necesario hacer coincidir dos fuerzas: la ley y la educación; una para desterrar la impunidad y recuperar el Estado de derecho, y la otra para crear una nueva cultura de legalidad entre los ciudadanos, comenzando por los niños que deben crecer con la convicción de que robar es malo y peligroso.

Tarde o temprano quedará completo el Sistema Nacional Anticorrupción, así como los sistemas estatales. Pero este esfuerzo será insuficiente si no va acompañado de una verdadera convicción por cambiar las cosas.

El futuro está en manos de la sociedad.

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