EL PAN EN LOS NUEVOS TIEMPOS

POR JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS

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Manuel Gómez Morín insistía en la necesidad de tener leyes sencillas.

Inicia, nuevamente, en México el dominio de un partido y su dueño. Dicho sea de paso, una paradoja de la democracia es que los gobernantes electos con votaciones holgadas no son tan eficaces en el ejercicio del poder, la historia da cuenta de ello.

El Congreso de la Unión desempeñará un papel de extrema importancia, con retos y desafíos enormes. Sus cámaras deben convertirse en auténticas asambleas parlamentarias que debatan con cultura política sobre nuestro país, el desempeño del poder y su futuro.

Venimos arrastrando algunas graves patologías en lo más importante para que una democracia funcione: la relación Ejecutivo-Legislativo. Ha sido evidente la compra de votos de legisladores, la amenaza y en otros más el desprecio al Poder Legislativo y a sus atribuciones. Si esto no se supera, presenciaremos un mercado de voluntades y no el ámbito responsable de reflexión requerido en estos momentos. Es indispensable el respeto entre los distintos órganos del poder.

El próximo Presidente no respeta ni cree en el desempeño del Poder Legislativo, coincide con la vieja idea de izquierda que lo consideraba un taller de conversación, un espacio para amortiguar la lucha de clases o un simulacro de la división de poderes.

El PAN ha sido una oposición responsable, aunque no lo fue como gobierno. Los grupos parlamentarios panistas de la próxima legislatura no corresponden, salvo notables excepciones, al sano principio soslayado desde hace algunos lustros: postular a quienes podían defender sus principios y su doctrina.

Siempre sobrepuso la preeminencia del interés nacional y asumió decisiones costosas, pero benéficas para México. En contraste, al PAN le va mal cuando se aleja de su doctrina y pierde identidad, como es el caso. Habrá que rescatar una cualidad reiterada en su historia: la capacidad de autocrítica y de corrección.

En 1912, un talentoso parlamentario, Querido Moheno, dijo una frase que define bien el dilema de un partido político cuando no es gobierno: “Somos oposición, no obstrucción”.

El Partido Acción Nacional no debe obstaculizar, como sí lo han hecho otros partidos, las reformas necesarias para México.

Su tarea, éticamente prioritaria, debe ser exigir al Ejecutivo que cumpla sus promesas de campaña. Nada más, pero tampoco nada menos. No se trata de que Andrés Manuel López Obrador haga suya la plataforma electoral panista, sino de actuar con congruencia.

Ésa deber ser la actitud de una oposición sensata, madura y patriótica, que responde siempre con argumentos y razones, analizando las iniciativas en sus méritos y buscando siempre el bien común.

Estamos a la espera de la definición de esa nebulosa “cuarta transformación de México”. Haciendo un poco de historia, me parece que la primera fue ambigua y veleidosa. Miguel Hidalgo arrancó con vivas a Fernando VII y Agustín de Iturbide la culminó con un imperio. La segunda, para mí la más aleccionadora, arranca con la Revolución de Ayutla en 1853, logra un excelente documento jurídico (nuestra Constitución de 1857), la segunda independencia y la restauración de la República.

La tercera transformación, en contra de lo que piensan muchos ideólogos respetables, corresponde más a lo que el pueblo definió como “la bola”; esto es, una confusión de la cual no terminamos de liberarnos. Toda reflexión debe iniciar con el fortalecimiento del Estado de derecho.

Se habla de la crisis del Partido Acción Nacional, algo que suele acontecer cuando un partido pierde una elección.

Ojalá la dirigencia sea consciente de esta situación, es necesario sostener un debate sin ánimo de cobrar facturas, pero sí para fincar responsabilidades y para que, conforme a la doctrina, enrumbe su futuro.

Rafael Preciado Hernández destaca una virtud del fundador del PAN: “Manuel Gómez Morín era un respetuoso exigente de la majestuosa dignidad del derecho”. Esto es, al derecho hay que tocarlo con delicadeza, prestigiarlo con su permanencia, cumplirlo con rigor. Desafortunadamente, en México se engaña con la ley, se le interpreta con una elasticidad contraria a la más elemental lógica jurídica.

El derecho debe ser lo más sagrado y lo más confiable de una sociedad. Cumplir la ley constituye el primigenio principio ético de una sociedad que anhele vivir en paz y en una convivencia armónica para desarrollar su potencial en plenitud.

Sin esta condición no se puede concebir ningún fin ni realizar ninguna política pública. El relajamiento del derecho es, pues, el mal social por antonomasia.

Gómez Morín insistía en la necesidad de un derecho sencillo, sobrio, elemental; claro en sus propósitos y obedeciendo los principios fundamentales del humanismo. Era enemigo de la sobrerreglamentación y de los cambios precipitados y frecuentes.

Sostenía que las buenas leyes no deben obstruir el desarrollo. Coincidía con Ortega y Gasset en que “la economía y el derecho son disciplinas de cautela” y entendía la relación de ambas. Con esas ideas elaboró muchas iniciativas que con el tiempo se convirtieron en leyes.

México requiere una profunda reforma jurídica, desbrozar el conjunto de ordenamientos (una auténtica maleza) que, en lugar de propiciar una ciudadanía que vea con confianza las leyes, tenga la firme convicción de obedecerlas.

El Partido Acción Nacional también se contagió de la reglamentitis. Tiene una serie de documentos que lo atan y le impiden tomar decisiones en los momentos difíciles, a saber:

Sin duda de buena fe, se despojó al Consejo de su facultad de elegir presidente del partido para concedérselo a toda la militancia. Al igual que en nuestro abigarrado derecho electoral, se señalaron topes para gastos de campaña. Las cifras aprobadas para conducir el proceso eliminaron en los hechos al 99% de los panistas que no cuentan con recursos para solventar un gasto de esa magnitud. Evidentemente, si alguien lo financia, es a cambio de un compromiso.

Exigir 47 mil firmas para contender es una soberana estupidez. Todos los comités deben elegirse en lo que resta de 2018, teniendo la Comisión Permanente muy limitadas atribuciones para cuidar al partido de intromisiones ajenas.

Lo más grave es que para modificar el marco normativo, se requiere convocar a una asamblea, con términos que imposibilitan la toma de decisiones en el corto plazo. A todo lo anterior agréguese la amenaza de la judicialización de los acuerdos alcanzados.

En ese escenario, lo más sencillo sería convocar al Consejo para declarar una situación de emergencia para poder adoptar las medidas necesarias en la actual crisis.

He tenido el privilegio de tratar a excelentes panistas, seres humanos ejemplares que actúan con mística y con un alto sentido del deber. Don Luis H. Álvarez solía presumir de su desconocimiento de la reglamentación interna del partido, pero de haber asimilado con fervor sus principios; confiaba más en la conciencia de los hombres para distinguir el bien y el mal que en las leyes con sus sanciones y aparatos burocráticos.

Ahí está la clave: procurar el bien mayor que hoy por hoy es cuidar al partido como un instrumento al servicio de la sociedad.

No será fácil, se deben atemperar las pasiones y denunciar a quienes ya manifiestan su desbordada ambición para apoderarse de una institución que, por su condición de primera minoría en el Congreso, tiene un papel de gran relevancia y debe, simplemente, aplicar su lema: “Por una patria ordenada y generosa”.

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