EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

TXT: IVÁN ARRAZOLA CORTÉS / DOCTOR EN CIENCIA POLÍTICA

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La corrupción invade amplias esferas de la sociedad mexicana, aunque los casos más escandalosos se dan en la política y el gobierno.

Con la captura de Javier Duarte se llega al final de un capitulo en una larga novela que deja muchas interrogantes, pero sin duda donde genera mayores dudas es si es posible establecer un sistema de verdaderos contrapesos en los estados para detener el abuso de poder por parte de los mandatarios locales.

La serie de especulaciones que se desataron alrededor de la detención de Duarte, en el sentido de que el PRI aprovecharía dicha acción para incrementar las preferencias hacia sus candidatos, o que Duarte podría aportar información en torno a los políticos que apoyó y financió, inclusive de partidos políticos diferentes al suyo, generó amplios debates en la opinión pública. Sin embargo, el acontecimiento debe de llevar a un análisis más amplio y verdaderamente identificar qué está ocurriendo en el país con nuestros representantes en los tres niveles de gobierno. En el caso concreto de los gobernadores, si bien la cantidad de denuncias es grande, la realidad es que son contados los casos de los que se encuentran en la cárcel purgando condenas. Esto se puede deber a dos situaciones: que las autoridades judiciales han realizado un trabajo deficiente y han sido incapaces de probar los delitos o bien que tales delitos no se cometieron.

También es necesario que personajes encargados de la rendición de cuentas en los estados expliquen cómo fue que ocurrieron dichos excesos. Tanto los líderes de los grupos parlamentarios en los congresos locales,los líderes de los partidos políticos de oposición y del gobierno, el auditor estatal, el contralor, etcétera, deben de dar una explicación de los hechos. Hay la impresión de que todo recae en una sola figura, sin responsabilizar a estos actores,que alguna participación tuvieron, ya sea por acción u omisión.

Es posible por otro lado que con las detenciones tampoco se llegue al fondo de este asunto y por consiguiente no se sancione de manera ejemplar a aquellos que hayan cometido actos de corrupción. Si bien ante el tribunal de la opinión pública estos personajes han sido condenados, en donde inclusive el show mediático ha servido para aderezar mucho más la historia de Javier Duarte, puede que en el caso de los tribunales judiciales el asunto se torne mucho más complejo.

Primero, tendrán que fincarse responsabilidades y comprobar que verdaderamente los delitos de los que se les acusa a los ex mandatarios son ciertos y pueden ser probados. La forma en cómo se integren las averiguaciones y la capacidad tanto del Poder Ejecutivo federal como del estatal para probar los delitos será fundamental, y segundo es necesario sancionar a aquellos que fueron cómplices de los desvíos.

El Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción en los estados aún se encuentran en ciernes. Si a nivel nacional ha habido dificultades para echar a andar el sistema por los cuestionamientos a miembros que integran el comité de participación ciudadana y a la falta de acuerdo entre los partidos políticos para nombrar al fiscal anticorrupción, a nivel estatal el asunto se puede volver mucho más complejo, ya que tanto los tribunales como las fiscalías en algunos casos dependen del Ejecutivo, con lo que se pierde la tan anhelada independencia, a lo que hay que agregar que la falta de recursos técnicos y humanos puede ocasionar que lo que se ha concebido como un modelo innovador termine funcionando de forma deficiente en los estados.

Por ello, esurgente que a la brevedad los 32 sistemas locales y el nacional funcionen de manera eficiente para así evitar que los casos de corrupción sigan proliferando.

Por otro lado, hay que agregar el factor de la percepción de los mexicanos ante la corrupción.Según los datos de un estudio de la OCDE llamado “Revisión de la integridad en México. Tomando una postura más fuerte contra la corrupción”, aunque buena parte de los mexicanos considera que “el gobierno es altamente corrupto”, el ciudadano reconoce que también realiza prácticas negativas como pagar sobornos, evadir impuestos y evitar pagar el servicio de transporte público.

Todo ello constituye una mala señal si es que verdaderamente se pretende erradicar la corrupción en nuestro país. En la sociedad se deben condenar de manera clara los actos de corrupción y rechazar cualquier intento de retorno al servicio público de personajes que cometieron actos reprobables. Pero de la misma forma los ciudadanos debemos estar conscientes de que si no cambiamos prácticas nocivas que afectan al conjunto de la sociedad, el problema no se erradicara jamás.

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